Plaza Pública /
Miguel Ángel Granados Chapa.-

Cuando el próximo jueves se cumplan tres años de la muerte del general Augusto Pinochet, sangriento represor y dictador de Chile durante 17 años, su viuda, Lucía Hiriart, puede quedar sujeta a un embargo y bloqueo de cuentas en uno más de los procesos por delitos de carácter patrimonial que se siguen contra los herederos y el albacea del militar que traicionó a su jefe, el presidente Salvador Allende.

Durante mucho tiempo, aun desde los años en que gobernaba con mano férrea y sin reparar en el derramamiento de sangre de miles de víctimas, se tuvo a Pinochet como un soldado que, inducido por sus convicciones, no vaciló en asesinar y encarcelar, deportar y hacer salir al exilio a quienes consideraba, en juicios sumarísimos, que eran sus enemigos (la mayor parte de las cuales no tuvieron siquiera el derecho de audiencia). Sus partidarios lo endiosaron como a un salvador de la patria ante el peligro del comunismo, al que había que condonar cualquier sanción porque el bien nacional que había conseguido al derrocar a la Unidad Popular y forzar la muerte de Allende era superior a los elevados costos en que se incurrió por la salud nacional.

Durante los años en que se mantuvo en el mando del país, de 1973 a 1990, fue impensable llevar a Pinochet a los tribunales. Y aunque en la siguiente década, bajo los gobiernos de la Concertación, se intentó tímidamente enjuiciarlo, todo conspiraba para mantener su inmunidad. Contaba con ella de manera formal como senador vitalicio. Tenía en su favor la inclinación de los mandos militares a su causa. El Poder Judicial era asimismo proclive a atemperar los ardores de las víctimas y sus abogados, que exigían justicia. La sociedad chilena misma, si bien no estaba dispuesta a que se la hiciera pagar los costos políticos de la represión, tampoco se manifestaba deseosa de abrir las páginas de la negra dictadura sometiendo a quienes la protagonizaron a juicios severísimos, como sí ocurrió en la Argentina tan pronto como se restableció la democracia. Si bien el presidente Raúl Alfonsín tuvo que aceptar las leyes de obediencia debida y punto final, hizo también que esa protección a los militares y marinos no encubriera a sus jefes, y la junta militar fue condenada.

Pinochet, en cambio, parecía quedar al margen de cualquier castigo, hasta que en 1996 el fiscal del Tribunal Supremo español Carlos Castresana puso en vigor legislación penal de su patria que le permitía perseguir el delito de genocidio que, como crimen de lesa humanidad, no era prescriptible. Abrió así la puerta para que en ejercicio de la jurisdicción internacional, Pinochet fuera encausado por la Audiencia Nacional de España. En octubre de 1998, fue detenido mientras realizaba una visita a la Gran Bretaña, todavía gobernada por su amiga y socia Margaret Tatcher (a quien sirvió contra Argentina en la guerra por las Malvinas, que hoy queda claro que sigue siendo territorio europeo). Se le acusaba de genocidio y de crímenes particulares cometidos contra súbditos españoles y ciudadanos de su propio país.

La connivencia del gobierno laborista británico con el popular (en el sentido del PP, no de su pleno asentimiento por la población) de España impidió que el dictador fuera extraditado a Madrid y en cambio en marzo de 2000 pudo retornar a Chile, donde no había condiciones para enjuiciarlo, si bien se fueron construyendo tales condiciones mediante la paciencia y el valor de los deudos de sus víctimas, de algunas víctimas directas, y de atrevidos abogados y jueces chilenos. De ese modo, en agosto de 2000 se le privó de la inmunidad parlamentaria y quedó sujeto a investigación por los delitos cometidos por la Caravana de la muerte, una brigada militar que recorrió penales chilenos para sacar de allí a inculpados por "delitos contra la patria" o por ninguno, no para ponerlos en libertad sino para matarlos sin tener que llevarlos a juicio alguno. Por la ejecución de 74 presos políticos quedó bajo arresto en su domicilio a partir de enero de 2001.
Una nueva causa penal, abierta por los crímenes de la Operación Cóndor, fue adelante después de una nueva privación de su fuero. Aquella Operación, como se recuerda, fue concertada por los militares que usurparon el poder en Chile, Argentina, Uruguay para perseguir a sus opositores donde quiera que se encontraran, no sólo en sus propios territorios sino también fuera de ellos. Hasta ese momento, los juicios penales cuadraban con la imagen que Pinochet había trazado de sí mismo: un militar patriota capaz de todo en defensa de los valores cristianos. Pero he aquí que en septiembre de 2004 vino a saberse, porque se documentaron sus cuentas en la banca Riggs y otras instituciones semejantes, que el servidor de la patria había comenzado por servirse a sí mismo. Después de que aquel banco norteamericano admitió sus responsabilidades, la causa fue sobreseída. Pero en abril de 2007 la Fundación Allende inició varios procedimientos judiciales para que la fortuna mal habida de Pinochet, a nombre de su esposa Lucía Hiriart y el resto de su familia, no sólo no aproveche a quienes la usurpan, sino que sea destinada a resarcir (en lo que cabe, porque la vida y la integridad personal no tienen precio) a más de 20 mil víctimas de tortura, desaparición y asesinato.

El juez Garzón fijó a la viuda de Pinochet, a su albacea y a ex funcionarios del Banco de Chile una multimillonaria fianza tras acusarlos por lavado de dinero. Si no la pagan, sus cuentas serán congeladas.

Cajón de Sastre

Ayer jueves, en víspera de que concluya el término para que los interesados en encabezar la Auditoría Superior de la Federación, quien todavía durante diciembre es su titular, Arturo González de Aragón, avisó a la Comisión de Vigilancia de ese órgano, de la Cámara de Diputados, que no participará en el proceso. Sus razones son contundentes y el que las enuncie resta legitimidad a esa función de los diputados. Si bien sólo establece que tiene dudas "sobre la legalidad, la transparencia y la equidad del proceso", su significado es una condena al modo de actuar de la mencionada comisión, que debió avisar, con fundamento y motivación, al funcionario saliente las causas de que no respetara su expectativa de derecho de ser reelegido. La posición en que se coloca le permitiría, además, iniciar un juicio de amparo contra las decisiones de los legisladores.

miguelangel@granadoschapa.co

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