El aumento del delito: crisis economica y estado de derecho frágil
Rodolfo Sarsfield .-
El último informe de la Encuesta de Victimización y Eficacia Institucional (Envei) del CIDE muestra un preocupante incremento de la actividad delictiva en el Distrito Federal y en el estado de México durante 2008. Unas pocas cifras iniciales de aquella investigación sintetizan un panorama que debe alertar a las autoridades: en términos generales y comparados con 2007, los delitos de 2008 mostraron un aumento de 33% para el estado de México y de 40% para el DF. Las mediciones llevadas a cabo por la Envei permiten documentar la evolución de la victimización en los últimos cuatro años.
El diseño longitudinal del instrumento posibilita hacer comparaciones a través del tiempo (semestral y anualmente) que son confiables y robustas estadísticamente. En los levantamientos realizados desde 2005 —con el comienzo de la mencionada encuesta— y hasta 2007, el comportamiento de diferentes tipos de delitos permanecía, en general, estable. Los datos de 2008 cambian el patrón dominante durante 2005, 2006 y 2007. Esto conduce, de modo evidente, a la pregunta sobre las causas del aumento de la actividad delictiva durante 2008. El cambio que se presenta durante este último año —en especial, a finales del mismo— requiere de una explicación que identifique los factores intervinientes.
Una de las causas que determina el incremento de los delitos —reconocido por los especialistas en el mundo entero— es el aumento del desempleo, especialmente si afecta a la población más joven. Como se sabe, la crisis económica internacional desatada el año pasado ha tenido repercusiones en la economía mexicana en muchas de sus actividades y esferas. Una consecuencia de ello ha sido el cierre de puestos de trabajos ya existentes. De manera obvia, la desaceleración del crecimiento económico se ha traducido, además, en una disminución de los empleos nuevos ofrecidos. Ambas dimensiones del mismo fenómeno pueden estar incidiendo en el incremento de los delitos.
Por otra parte, como fuera mostrado por el profesor Herbert Simon, premio Nobel de Economía, las expectativas son cruciales para explicar el comportamiento económico no sólo del mercado sino de los individuos. La crisis de confianza generada por la implosión de la burbuja financiera e inmobiliaria en Estados Unidos puede estar traduciéndose en, especialmente entre los jóvenes y los sectores más desfavorecidos económicamente, desazón y alarma. La incertidumbre que ha generado la crisis puede estar llevando a que especialmente las personas que bordean alternativamente las regiones del trabajo formal y/o informal y las del delito se inclinen más hacia este último.
Además del incremento de los delitos, otro fenómeno que la encuesta registra de manera novedosa es el de los altos niveles de temor que los ciudadanos tienen de ser víctimas del delito. Aunque esta medición se incluyó en 2008 y, por lo tanto, no es posible proponer una hipótesis concluyente al respecto, el alto miedo al delito puede ser consecuencia de la ineficacia percibida que los ciudadanos portan sobre las instituciones y su incapacidad de hacer imperar la ley.
La Encuesta de Victimización y Eficacia Institucional muestra que tanto ciudadanos como víctimas de delito que acudieron a las instancias de administración e impartición de justicia evalúan muy mal sus capacidades para hacer imperar la ley, esto es, para sostener el funcionamiento del estado de derecho en el país. Así, el índice de satisfacción ciudadana sobre el desempeño de la policía se mantiene en una puntuación muy pobre de 4.2 en promedio de ambas entidades, en una escala que va del cero al 10. Lo mismo ocurre con la confianza en las instituciones de justicia, las cuales son evaluadas con un muy bajo 4.27 en promedio. Ambas mediciones prácticamente no varían a lo largo de sus respectivas series.
Es probable que la mala evaluación que los ciudadanos hacen del funcionamiento de la policía y la justicia explique los altos niveles de temor al delito que los datos de 2008 muestran.
Esta es una hipótesis que las futuras mediciones podrán o no corroborar. No obstante, es plausible pensar que la mala evaluación generalizada de las instituciones de administración e impartición de justicia —los ministerios públicos también son mal evaluados con una calificación semejante— pueda ser una de las causas de tan alto temor al delito. Si consideramos que el aumento de la actividad delictiva es un indicador de ineficacia institucional —y que los ciudadanos promedio están relativamente informados de ello, no sólo por encuestas sino primordialmente por la vida cotidiana—, cabe preguntar: ¿por qué la personas habrían entonces de confiar en que, en caso de ser víctimas, la tarea de la policía fuese más eficaz para con su problema?
El aumento de la actividad delictiva parece tener también orígenes institucionales. Este es un factor crucial. Los delincuentes pueden encontrar un incentivo institucional importante para violar la ley si creen que las instituciones de seguridad pública funcionan mal. La impunidad incentiva el delito. En ese sentido, los datos de la Encuesta sobre Victimización y Eficacia Institucional sugieren que, en promedio, las ciudadanías del DF y el estado de México consideran que es bastante poco probable que lo detecten si comete alguna infracción o delito. Analizando las respuestas sobre la probabilidad de ser sorprendido frente a diferentes tipos de infracciones y delitos, donde el valor uno es “librarla” y el cinco es “ser cachado” por las autoridades, los datos muestran que las cuestiones importantes y con supuestamente mejores mecanismos de detección como no pagar los impuestos son consideradas como aún más probables de ser impunemente cometidas (2.43) que infracciones menores como usar celular mientras maneja (2.53). Lo mismo ocurre con la probabilidad de abusar sexualmente de una persona, un delito muy grave que, según los ciudadanos encuestados, es más probable que quien lo cometa quede impune (2.48).
En síntesis, el aumento de la actividad delictiva parece tener dos orígenes. Por una parte, la crisis económica, específicamente el aumento del desempleo. Otra causa es la ineficacia institucional que se traduce en un estado de derecho débil y que estimula la conducta delictiva. Agravando el malestar ciudadano, la baja evaluación del desempeño de las autoridades se traduce en un alto temor al delito. El corolario que se desprende es que si a la crisis de la economía se suma un estado de derecho frágil evidenciado a través de la ineficacia de las instituciones que deben mantener el imperio de la ley, el panorama puede hacerse más opaco aún.
Académico del CIDE
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