El Ejercito, el fuero y los dolares
Historias del más acá
Carlos Puig
Esta semana asistió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para defender al Estado mexicano en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla en 1974. Ahí, alegó la falta de competencia de la Corte para escuchar el caso y defendió que en México, bajo el fuero militar, el asunto de Radilla se había procesado. De hecho, el Ejército mexicano acusó a Mario Quirós Hermosillo de la desaparición de Radilla, proceso que quedó trunco cuando el general murió.
La discusión de la CIDH se llevó a cabo al mismo tiempo que en México, la Suprema Corte de Justicia decidió atraer al pleno el caso del homicidio de cuatro personas a manos de militares en Badiraguato, Sinaloa. Los ministros han decidido aplazar hasta agosto la discusión, pero discutirán el fondo, y hay indicaciones que abrirán el debate de qué hacer con el fuero militar; asunto también en la médula del caso Radilla.
Una más: el jueves, The Washington Post publicó un demoledor reportaje que comenzaba con el siguiente párrafo: “El Ejército mexicano ha cometido actos de desaparición forzada, tortura y allanamientos ilegales en la persecución de narcotraficante; de acuerdo con documentos y entrevistas con víctimas, sus familias, líderes políticos y organizaciones de derechos humanos”.
Pasadas las elecciones, la guerra contra el narco y el rol del Ejército están en la mira.
Los asuntos de la justicia y el fuero militares en México están también en la mira de las principales organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en México y en el mundo que han llegado a un consenso: el fuero militar ha servido para construir un sistema de justicia sin transparencia construido para no castigar delitos y abusos por parte de las fuerzas armadas.
El debate del fuero no es uno en el que el Ejército mexicano esté dispuesto a ceder.
En uno de sus discursos más importantes del sexenio, en febrero pasado, el general Galván dijo con claridad: “El fuero de guerra —órbita de la justicia militar— es plena garantía del imperio de la ley. Nunca cobijo de impunidad. A partir del primer día de servicio y aún en situación de retiro, los soldados permanecemos sujetos a las normas que rigen la conducta civil y militar. Comportamientos que tenemos la obligación de acreditar todos los días, para disponer de autoridad legal y moral hacia nuestros subalternos. Para aquellas voces que claman por abolir el fuero de guerra, les decimos: que éste, es la jurisdicción donde se previene el quebrantamiento de la disciplina militar y se ejercen penas ejemplares para quienes la transgreden”.
El problema de la posición del Ejército es que el gobierno mexicano va a tener que hacer algunas piruetas para que no se convierta en un asunto internacional que afecten los recursos de la lucha contra el narcotráfico. El 15 por ciento de la ayuda contemplada en la Iniciativa Mérida está condicionado a que la Secretaría de Estado de Estados Unidos certifique que se ha avanzado en ciertos asuntos en México, entre ellos:
“Asegurarse que los fiscales civiles y las autoridades judiciales estén investigando y consignando, de acuerdo con la ley mexicana e internacional, a miembros de las fuerzas armadas y las fuerzas policiacas que han presuntamente cometido violaciones de los derechos humanos; y que las fuerzas policiacas y militares están colaborando plenamente con esas investigaciones”.
El párrafo es farragoso, pero para los estadunidenses, claro. Las violaciones de derechos humanos deben ser investigadas por “fiscales civiles”.
El gobierno, como el secretario de la Defensa, no piensa lo mismo. El secretario Gómez Mont polemizó con representantes de tres ONG en W Radio el jueves. En algún momento, en relación con el fuero y a lo que sucedió en Badiraguato le pregunté: “¿Por qué a estos militares que mataron a cuatro civiles no deberían ser juzgados por un tribunal civil?”
Y contestó el secretario: “No, porque parte de un presupuesto que yo no puedo aceptar, Carlos, de que el Ejército tiene interés en que no se le sancione a sus soldados cuando agreden a civiles, y ése como principio me parece inaceptable, es inaceptable”.
“Yo hice una afirmación (en la CIDH, en el caso Radilla) de la que estoy convencido y con la que yo creo que no debemos ni apostar ni jugar: la transición política mexicana se construyó, entre otros, por el dolor de los Radilla, pero también por la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Esos dos valores en juego son los que tenemos que tener en equilibrio, por eso defiendo la jurisdicción militar, porque incentiva, propicia y protege que los soldados, que los mandos, preserven la disciplina de sus cuerpos en función del respeto a la población”.
Hace un par de meses, a petición de la Sedena, el gobierno federal envió una iniciativa al Congreso que regula la actuación del Ejército en labores de seguridad pública como las que hoy realiza. El fuero no se contemplaba, pero al menos pone marco legal a lo que hoy no lo tiene y que como sucede hoy con el caso Radilla puede venir a perseguirlo en unos años.
El miércoles en W Radio, Jorge Castañeda había planteado una pregunta: ¿Qué hace el gobierno del PAN, en el año 2009, defendiendo al Ejército que mandaba el gobierno priista de 1974?
En algún sentido, defendiéndose a sí mismo, del futuro.
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