Que, ¿no podemos platicar?
Plaza Dominical
Miguel Ángel Granados Chapa.-
Es claro que Felipe Calderón busca con su reforma política el asentimiento de sectores disímbolos, pues la heterogeneidad de sus propuestas le permite atraer públicos diversos
Cuentan que la familia de un político oaxaqueño cuya fortuna en la vida pública no correspondió con su talento y aptitudes, aunque no haya carecido de oportunidades apreciables, se reunía en algún jardín público, único espacio de esparcimiento al alcance de sus posibilidades, que eran magras. La señora madre de la alegre tropa se explayaba hablando del día en que, cuando los hijos crecieran, contarían con las comodidades que en ese momento se les negaban. Y de las casas y los coches que cada uno tendría. Cuando alguno de los hijos intentaba llamarla al realismo, la respetable dama reclamaba su derecho a soñar y a decirlo: qué, ¿no podemos platicar?
Quizá algo semejante diría el presidente Calderón si se le preguntara sobre qué bases cree posible la adopción de una vasta reforma política cuyos ejes anunció el martes pasado, precisamente el día en que el Senado, al que presentó la iniciativa, al igual que la Cámara de Diputados, comenzaba el primer receso de la LXI Legislatura, lo que significa que no habrá reuniones plenarias sino hasta dentro de mes y medio, cuando el 1o. de febrero se reanuden las sesiones ordinarias. Tampoco parecía oportuno presentar el abigarrado paquete de enmiendas constitucionales y legales a la opinión pública a mediados de diciembre, cuando el escaso ánimo participativo decae notoriamente por la temporada festiva que está en curso y que no se interrumpe ni siquiera a causa de la profunda crisis que padece la sociedad mexicana. A este respecto parece imponerse la imperativa consigna que otro político, éste hidalguense, proclama en una muestra de jovialidad y falta de realismo: ¡que no se note la pobreza!
En lo inmediato, salvo las reacciones de botepronto, como se dice en los deportes que utilizan una pelota o un balón, no parece que el Presidente se dirigiera a sectores específicos. Para después, sin embargo, es claro que Calderón busca el asentimiento de sectores disímbolos, pues la heterogeneidad de sus propuestas le permite atraer públicos diversos, que se sienten por una vez atendidos. Y es que la reforma política esbozada por el Ejecutivo cuenta con escasas ideas originales y novedosas y es, en cambio, un repertorio de anteproyectos y aun sólo buenos deseos expresados de modo reiterado por sectores académicos y políticos que juzgan necesario el remozamiento del sistema político, para hacerlo salir de la paradoja del desarrollo democrático paralizante.
La sociedad mexicana avanzó en el cuarto de siglo más reciente de un modo notorio en la organización y funcionamiento de los poderes y creó al lado de ellos órganos constitucionales autónomos exigidos por sectores dotados de mirada penetrante. Pero esos logros, en la mayor parte de los casos, encontraron pronto sus límites y se volvieron lo contrario de lo que la sociedad que los demandó y alcanzó esperaba de ellos. Para sólo citar un ejemplo que compruebe esta afirmación tenemos el deplorable destino de las metas que se fijó la reforma política por antonomasia, la de 1977: a la eliminación o mitigamiento del régimen de partido único sucedió una pluralidad de partidos y poderes que se sirven a sí mismos y no a la ciudadanía; y la supresión de la hegemonía priista en las Cámaras hizo aflorar los peores vicios de la democracia parlamentaria, donde rigen las componendas (que por supuesto son diferentes de la necesaria negociación). Después de esa reforma, y en alguna medida también por sus efectos, se produjo una alternancia en la Presidencia de la República cuya promesa está todavía por cumplirse, si es que se consuma tras la renuncia de Vicente Fox a acabalarla y la imposibilidad de Felipe Calderón de gobernar de tal modo que se perciba que ya no rige el PRI.
Precisamente para no arar en el desierto del asueto decembrino, me propongo examinar uno a uno los 10 capítulos que integran la propuesta presidencial, durante la primera semana de enero. Por ahora me detengo en su sentido general y en indagar si se trata de un proyecto viable, realizable, o de sólo una toma de posición que haga creer que el Presidente, a quien se ha identificado con mandatarios norteamericanos debilitados al punto de convertirse en patos rengos (lame duck), está en capacidad de convocar a las fuerzas políticas y de encabezarlas para reconstruir el sistema de relaciones del poder con los ciudadanos y del poder dentro de sí mismo.
El proyecto y el momento de presentarlo parecen significar una huida hacia delante, una ensoñación que provoque la creencia de que los males presentes están ya superados. No desdeño en modo alguno la trascendencia de la mayor parte de la propuesta presidencial, ni dejo de considerar el valor que tendrían sus efectos en la vida mexicana. Pongo en duda, sin embargo, que sea posible y conveniente enzarzarnos en el debate social y legislativo que la iniciativa supone mientras estamos sumidos en la urgencia de varias crisis que no disminuyen su rigor y que acaso, por lo contrario, lo incrementen en el lapso inmediato, en los próximos días y semanas.
La entrada en vigor de las determinaciones fiscales (ingresos y gasto público) generará consecuencias que pueden ser adversas, porque su sentido restrictivo y no favorecedor de la expansión (a diferencia de medidas asumidas por otros gobiernos en esta hora en que es debido conjurar la recesión y el desempleo) generará condiciones de las que no cabe alejar la atención, para corregir sus efectos si son de mayor magnitud de lo esperado. Se están esbozando también nuevas dificultades en la crisis mundial, resultantes del incremento sustantivo de la deuda en que incurrieron la mayor parte de los gobiernos para estimular a los particulares que, sin embargo, tan pronto han podido evitar su caída y su quiebra están en amplia medida tornando a la especulación en vez de consolidar su posición en la economía real. La presencia de nuevos protagonistas en el manejo de la política pública (un nuevo gobernador del Banco de México y un nuevo secretario de Hacienda) provocará también consecuencias cuya naturaleza y alcances están por verse y ante las cuales hay que permanecer alerta.
De manera análoga, la tentación de discutir la reforma política como si fuera el asunto público más urgente no debe cegarnos ante la crisis de seguridad que ha durado ya tres años -los que han corrido desde el comienzo de esta administración y la instauración de su plan de ataque a la delincuencia organizada- y que no cesa. Al contrario, las propias autoridades, con una despreocupación que parece propia de quien examina con mero criterio analítico un panorama y no de la autoridad responsable de modificarlo, anuncian que la violencia criminal se incrementará. El éxito que muchos, incluido el presidente Calderón, suponen obtuvo la Armada de México al matar a Arturo Beltrán Leyva puede resultar muy costoso. La misión de las autoridades de seguridad pública (sean las policías plenamente legitimadas para esa tarea, sean el Ejército y la Marina habilitados para ella) no consiste en el exterminio del enemigo, sino en someterlo a la legalidad. Beltrán Leyva debió ser aprehendido y llevado ante la justicia, para que se desmonte por la vía jurídica el poder que ha acumulado.
No se requiere ser un experto en técnicas de persecución y contención para percibir los riesgos de intentar una captura delicadísima en un conjunto residencial muy poblado y con varias vías de acceso y de salida. En mala hora murió un oficial de la Armada, el tercer maestre del Cuerpo general-Fuerza especial Melquisedec Angulo Córdova, y otro se halla en grave estado de salud. Pero, a pesar de la sorpresa que actuó en su favor, el número de caídos pudo haber sido mayor, y pudo haberlos también entre los asustados residentes del condominio donde Beltrán Leyva se refugiaba, fiado quizá en la protección que compró y fue eficaz a lo largo de mucho tiempo.
La victoria (admitámoslo para no incurrir en mezquindad que no pretende ser más que sensatez) alcanzada por los infantes de Marina es insuficiente para equilibrar la situación general del combate a la delincuencia organizada. Precisamente el día en que cayó El Barbas se produjo la mayor cantidad de homicidios violentos en todo el país, vinculados con las bandas criminales. En la ruda contienda cotidiana no valen triunfalismos. Es una realidad que los sueños de reforma no pueden alterar.
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